La Corte Constitucional de Colombia está estudiando una demanda para alargar más allá del 28 de noviembre el periodo de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, que fue presentada por víctimas que alegan que el trabajo de este organismo ha tenido retrasos por la pandemia del Covid-19.

"Si queremos cumplir el mandato de que las víctimas somos el centro, como se dijo en los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional debería contemplar esta demanda", afirmó el representante de la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Édgar Bermúdez, citado en un comunicado de la ONG DeJusticia.

Agregó que el objetivo es que la Comisión elabore "un informe contundente, enriquecido por todas las víctimas del conflicto”.

La Comisión, que tiene 11 miembros, forma parte del Sistema Integral para la Paz, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creados bajo el amparo del acuerdo de La Habana.

Ese organismo comenzó el 29 de noviembre de 2018 la titánica tarea de elaborar un informe, en un periodo de tres años que culmina en cuatro meses, que ayude a esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado del país, que dejó más de ocho millones de víctimas.

Por el organismo, presidido por el religioso Francisco de Roux, han contado sus historias víctimas del conflicto, han trabajado con sus victimarios y se han entregado informes y testimonios que ayudan a la memoria histórica colombiana, la reconciliación del país y a arrojar algo de sombra sobre las injusticias y crímenes cometidos durante los más de 50 años de conflicto armado.

Argumentos de los demandantes 

La demanda fue presentada por la Percadi, la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, que argumentan que la imposibilidad de viajar a las regiones por la pandemia perjudicó el trabajo de la Comisión.

En esa línea aseguran que los tres años de trabajo del organismo "deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, algo que la pandemia ha impedido".

"Explicamos que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40 % de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades", agregaron en el comunicado.

Es por ello que consideran que, si no se prorroga el mandato de la Comisión, "se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición".

"La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la Comisión para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas", detallaron.

Un ejemplo de ello es que en algunas zonas rurales donde sucedieron hechos graves del conflicto no hay buena señal de internet o en lugares como prisiones ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia.

"A algunas personas del municipio de Granada, en Antioquia, se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”, dijo la vocera de Asovida, Gloria Ramírez.

EFE